El Ejecutivo plantea permitir la baja laboral y la actividad simultáneamente para reducir el gasto, generando tensiones en la coalición

4 de octubre de 2024, 02:18 h.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentó este jueves una propuesta de reforma del sistema de bajas laborales en España, con la finalidad de que, en determinados casos, los empleados en situación de incapacidad temporal puedan regresar de forma voluntaria a su trabajo. Esta iniciativa, que busca flexibilizar las condiciones para ciertos grupos de trabajadores, ha generado controversia dentro del Gobierno, especialmente con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Saiz justificó esta reforma argumentando que el considerable aumento de las incapacidades temporales en los últimos años ha elevado el coste de estas prestaciones a niveles que resultan insostenibles tanto para el Estado como para las empresas. Según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), en 2023 se registraron más de 8,1 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales en España, lo que supuso un gasto de 25.326 millones de euros. De esta cifra, 13.081 millones fueron asumidos por la Seguridad Social, mientras que los otros 12.245 millones corrieron a cargo de las empresas. Estas cifras representan un aumento del 74% en los últimos cinco años.

Propuesta de flexibilización en las bajas laborales

La ministra Saiz explicó que su propuesta consiste en permitir que, bajo supervisión médica y de manera voluntaria, los empleados puedan combinar su incapacidad temporal con un retorno gradual al trabajo en casos específicos. Esta medida, según la ministra, no solo ayudaría a la recuperación de algunos pacientes, sino que también aliviaría la presión económica sobre la Seguridad Social y las empresas. Entre los ejemplos mencionados por el Ministerio se encuentran trabajadores que, aunque estén en tratamiento oncológico, podrían retomar parcialmente o completamente sus labores.

“Proponemos una alternativa para que, bajo determinadas condiciones y siempre con la aprobación médica, los trabajadores puedan reincorporarse progresivamente. Esta medida sería totalmente voluntaria y priorizaría en todo momento la salud del trabajador”, afirmó Saiz en su intervención.

Oposición de Yolanda Díaz y del Ministerio de Trabajo

Por otro lado, Yolanda Díaz mostró su rechazo a la propuesta casi de inmediato a través de las redes sociales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo advirtió sobre el peligro de “jugar” con la salud de los empleados. “La incapacidad temporal solo tiene un objetivo: proteger la salud de los trabajadores. No hay más opciones. Ni flexibilidad ni parcialidad; con la salud no se juega”, afirmó Díaz en un mensaje publicado en X (anteriormente Twitter).

Desde el Ministerio de Trabajo se insistió en que la incapacidad temporal es un derecho que debe garantizar la protección de la salud de los empleados, y cualquier modificación debe abordarse desde la óptica de la prevención de riesgos laborales. “La incapacidad temporal no es negociable y debe gestionarse con estrictos criterios médicos y preventivos”, señalaron fuentes del Ministerio. Aunque dejaron abierta la posibilidad de estudiar reincorporaciones escalonadas en situaciones muy concretas, como tras largas enfermedades, recalcaron que la salud del trabajador es el aspecto más importante.

Impacto en el diálogo social

El anuncio de Saiz también sorprendió a los agentes sociales. Tanto sindicatos como patronales ya estaban convocados a una mesa de diálogo sobre prevención de riesgos laborales, pero la reforma fue revelada antes de que comenzaran oficialmente las negociaciones. Fuentes cercanas a las discusiones expresaron su descontento, subrayando que una medida de esta magnitud debe ser consensuada por todas las partes involucradas.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se mostró cautelosa ante la propuesta, destacando la necesidad de evaluar el impacto que cualquier cambio en el sistema de bajas podría tener sobre la competitividad empresarial y los derechos de los trabajadores. Mientras tanto, los sindicatos manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los empleados puedan ser presionados para regresar al trabajo antes de estar completamente recuperados.

El alto coste de las incapacidades temporales

La controversia en torno a esta propuesta se origina en el aumento significativo del gasto que generan las incapacidades temporales tanto para el Estado como para las empresas. Los datos de AMAT indican que el coste de las bajas laborales ha aumentado un 74% en los últimos cinco años, un incremento considerable atribuido al envejecimiento de la población activa y al crecimiento de enfermedades crónicas y largas, como el cáncer. Este aumento ha ejercido una gran presión sobre las finanzas públicas y los presupuestos empresariales, que deben asumir una parte considerable del coste de las prestaciones.

Ante este escenario, desde el Ministerio de Seguridad Social se insistió en que cualquier modificación en la normativa incluirá las garantías necesarias para proteger la salud de los empleados. “No se trata de obligar a nadie a reincorporarse antes de tiempo, sino de ofrecer una opción para aquellos que, con recomendación médica, puedan beneficiarse de un regreso gradual al trabajo”, explicaron fuentes del Ministerio.

Este debate apenas está empezando, pero promete ser uno de los más intensos en el contexto actual, donde se entrelazan intereses económicos, sociales y de salud pública en un momento en que el sistema de protección social en España enfrenta grandes retos.